CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
RECURSO APELACIÓN N.° 100-2025, MADRE DE DIOS
SALA PENAL PERMANENTE
Delito de incumplimiento de deberes por rehusamiento e Infundado el recurso de apelación, se confirma la sentencia que impone condena
I. El acto de rehusar puede consistir en una negativa expresa (acto disfuncional directo o explícito) o en la realización de actos que signifiquen negativa, como negarse a recibir el requerimiento escrito, romper el requerimiento, mandar archivar el requerimiento, no admitir el recurso, paralizar inexplicablemente la tramitación del requerimiento, entre otros actos que impliquen negativa (acto disfuncional indirecto o implícito). El acto implícito de rehusamiento, halla resguardo en la doctrina hegeliana del movimiento corpóreo, el cual no solo se manifiesta en la realidad por el despliegue de material de la acción, para producir el movimiento con el fin que este alcance los efectos injustos Sino también materializada por la inercia intencionada, manifestada en una quietud, el silencio o la ausencia de acción, en ambos casos, se modifica la realidad puede ser dimensionado o mensurado en la contribución que a la ejecución o producción del mismo se hubiera realizado, con el mismo fin de alcanzar los efectos injustos; como lo ha señalado la jurisprudencia suprema en otras oportunidades [Casación 2210-2022/Lambayeque].
II. El recurso de apelación interpuesto por el procesado, en los términos de su planteamiento, no denota que la sentencia condenatoria contenga en errores in procedendo o in iudicando que conlleve irremediable Se aprecia que se ha respetado las formalidades de ley en los actos procesales verificados en autos y se ha respetado el derecho de defensa del recurrente, evidenciándose observancia de las garantías procesales inherentes a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Por otro lado, se aprecia que la eficacia probatoria de los elementos de prueba actuados en el proceso y la inferencia que se extrae de su análisis individual y en conjunto, fundamenta idóneamente el pronunciamiento condenatorio de la Sala Penal de Apelaciones, frente a lo cual los agravios del recurso no lo desvirtúan en forma alguna. Por tanto, corresponde confirmar la decisión de condena.
SENTENCIA DE APELACIÓN
Sala Penal Permanente
Apelación n.o 100-2025/Madre De Dios
Lima, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis
VISTOS: el recurso de apelación (folio 228) interpuesto por la defensa técnica de ORLANDO NAVARRO FATAMA, contra la sentencia contenida en la Resolución n.° 10 del veintiocho de enero de dos mil veinticinco (folio 156), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios[1], que lo condenó como autor del delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de rehusamiento de actos funcionales, en agravio del Estado peruano – Ministerio Público representado por su Procuraduría Pública, imponiéndole ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año, inhabilitación en el cargo que cumplía el condenado por el periodo de ocho meses conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; al igual que, se le impuso treinta días multa; así como se fijó S/ 1500 (mil quinientos soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.
Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.
FUNDAMENTOS DE HECHO
§ I. Antecedente fáctico del proceso
Primero. La acusación fiscal se sustenta en el hecho siguiente (ad litteram):
1.1. IMPUTACIÓN CONCRETA. Se imputa al investigado ORLANDO NAVARRO FATAMA, en su actuación como Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia del Distrito Fiscal de Madre de Dios, haber rehusado un acto propio de su cargo, esto es en el trámite de la Carpeta Fiscal 101-2020 que contiene la denuncia, presentada por el abogado el Centro de Emergencia de la Mujer – Iberia, Paulino Champi Quispe, contra Orlando Jonatan Grefa Coquinche por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor edad, en agravio de la menor de iniciales M.[2], de 11 años de edad, habría rehusado, ilegalmente, resolver la investigación dentro del plazo de ley, pese a los requerimientos efectuados por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Madre de Dios, en sus visitas ordinarias de fechas 12 de noviembre de 2020 y 11 de noviembre de 2021, respectivamente.
1.2. CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES. denuncia que en horas de la madrugada a las 05:00 horas aproximadamente del día 05 de octubre de 2019 ingreso a la habitación de su menor hija M. (11) observando que su hija no estaba en su habitación, del mismo modo ingreso a la habitación de Orlando Greta Coquinche quien tampoco se encontraba en la habitación en la cual se encontraba alojado, considerando la denunciante F. que este se habría retirado de la casa y que al parecer su menor hija M. se habría fugado con el referido, denunciando por desaparición de su menor hija.
∞ El 02 de marzo de 2020, la policía realiza una diligencia en la Comunidad de Shiringayoc, a horas 17:00 en la cual la obstetra del puesto de salud de Shiringayoc, Lisbeth Rocío Mamani Mamani, indica que en fecha 07 de febrero la menor de iniciales M. (11) vino en compañía de su progenitora F. quienes se habrían presentado en su consultorio con la finalidad de realizar en la menor de iniciales M. una prueba de embarazo, saliendo positivo, encontrándose la indicada menor con un periodo de tres meses de gestación, fue en mérito a ello que mediante el oficio Nro. 60-2020-XV-MACREPOL/REGPOL-MDD/DIVOPUS de fecha 03 de marzo de 2020 (obra de folios 22) el cual se pone en conocimiento de la noticia criminal tramitada en la carpeta fiscal Nro. 101-2020 esto en relación con el conocimiento que brinda la obstetra del puesto de salud de Shiringayoc Lisbeth Rocío Mamani Mamani.
∞ En mérito la noticia criminal el investigado Orlando Navarro Fatama designado como Fiscal Provincial Provisional del despacho de la Fiscalía Mixta de Iberia recepciona la declaración de F. en fecha 05 de marzo de 2020 la misma que refirió que su menor hija le habría manifestado que el menor hijo por el cual estaba embarazada era de Orlando Grefa Coquinche.
∞ Con fecha 18 de septiembre de 2020 que el investigado Orlando Navarro Fatama emite la disposición de investigación preliminar Nro. 01-2020-MP-FN-FPMI-MDD, en la carpeta fiscal 101-2020 asignado a su persona, en la cual se dispone iniciar investigación preliminar en sede fiscal, en relación a la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de menor en contra de ORLANDO GREFA COQUINCHE en agravio de menor de iniciales M.M.U.P de 12 años por el plazo de 60 días
∞ Estando en trámite la investigación en la carpeta fiscal 101-2020 el abogado del Centro de Emergencia Mujer de Iberia, ha requerido mediante el escrito de fecha 05/10/2020 a la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, en el cual se apersona, señala domicilio procesal y presenta el Informe Social Nro. 017-2020-MIMP/PNCVFS-CEM IBERIA-TS-(RTN), solicitando a la vez que se realice la entrevista en cámara Gesell de la menor agraviada, así como se practique otras diligencias, en fecha 11/12/2020 nuevamente presenta el escrito en el cual se hace mención al escrito presentado el 05/10/2020 e indica que no se ha notificado con proveído o disposición alguna.
∞ Fundamenta su petición de solicitar ante, el órgano jurisdiccional la realización de la entrevista única en cámara Gesell mediante prueba anticipada; así también a folios 12/13, obra copia del cargo del escrito presentado el 31/03/2021, ante la Fiscalía Provincial, Mixta de Iberia, por F., madre de la menor agraviada M. (12), en el cual hace mención al escrito presentado el 05/10/2020 y 11/12/20202 e indica que no se ha notificado con proveído o disposición alguna. Fundamenta su petición de solicitar ante el órgano jurisdiccional la realización de entrevista única en cámara Gesell mediante prueba anticipada, finalmente a folios 14/15 obra copia del cargo del escrito presentado el 28/05/2021, ante la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, por F., madre de la menor agraviada M. (12), en el cual hace mención al escrito presentado el 05/10/2020, 11/12/20202 y 31/03/2021 e indica que no se ha notificado con proveído o disposición alguna.
∞ Fundamenta su petición de solicitar ante el órgano jurisdiccional la realización de entrevista única en cámara Gesell mediante prueba anticipada, de lo expuesto, se desprende que el investigado no habría actuado en forma oportuna y diligente en el trámite de la carpeta 101-2020, pese que la naturaleza del delito y la condición de la agraviada exigían su actuación.
1.3. CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES. En estas circunstancias el acusado ORLANDO NAVARRO FATAMA, en su actuación como Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia del Distrito Fiscal de Madre de Dios, en relación a la acción atribuida, reside, en que en el trámite de la Carpeta Fiscal 101-2020 seguida contra Orlando Grefa Coquinche, por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor edad, en agravio de la menor de iniciales M.M.U.P, eje 11 años de edad, habría rehusado, ilegalmente, resolver la investigación dentro del plazo de ley, pese a los requerimientos efectuados el abogado del Centro de Emergencia Mujer de Iberia.
∞ En fecha 12 de noviembre de 2020 se constituyó al despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, los fiscales superiores de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, en esta visita ordinaria de fechas 12 de noviembre de 2020, se redactó el Acta de Visita Ordinaria a la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, realizada por los miembros de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Madre de Dios, el 12 de noviembre de 2020 (a ocho meses de interpuesta de denuncia y dos meses de emitida la Disposición de apertura), en el cual se precisan las siguientes conclusiones: “Se ubican carpetas con plazos vencidos. Se otorga el plazo de 60 días para emitir pronunciamiento en las carpetas que se encuentren con plazos vencidos” y como medidas correctivas se consigna: “1. Deben de calificarse las denuncias dentro del plazo razonable, teniendo en consideración la carga laboral con la que cuenta este despacho. 2. Debe de cuidarse el vencimiento de los plazos, para lo cual se otorga el plazo de 90 días a fin de que supere la carga procesal penal, denotada en reporte de plazos”.
∞ Asimismo, en fecha 11 de noviembre de 2021 se constituyó al despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia los fiscales superiores de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, en esta visita se redactó el Acta de Visita Ordinaria a la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, del 11 de noviembre de 2021, en la cual se consigna como una de las conclusiones: “1. Se verifica que existen carpetas cuyo plazo de investigación se encuentran excesivamente vencidos.” Consignándose como medidas correctivas: “2. Debe de cuidarse el vencimiento de los plazos, para lo cual se otorga el plazo de 60 días a fin de que supere la carga procesal penal”. Así, se advierte que a la fecha de esta visita, el caso 101-2020 IBERIA se encontraría con plazo excesivamente vencido, siendo que a la fecha no ha sido resuelto según el requerimiento realizado por el órgano de control, configurándose de esta manera el delito de rehusamiento de acto funcional por parte de Orlando Navarro Fatama, consistente en no cumplir con los requerimientos efectuados por los miembros de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, de superar la carga procesal que tenga plazos vencidos, entre los cuales está el caso 101-2020 IBERIA, ya que se advierte una negativa injustificada al cumplimiento del acto funcional que previamente se le ha requerido.
1.3. CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES. En efecto, la actuación investigativa realizada hasta el momento permite colegir que el ex Fiscal Provincial Orlando Navarro Fatama, en forma injustificada, no habría cumplido con resolver el caso a su cargo (esto es, emitir el respectivo pronunciamiento, dentro del plazo de ley) y, lo más grave habría persistido en su actitud renuente, pese a los requerimientos efectuados por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Madre de Dios, en sus visitas ordinaria de fechas 12-de noviembre de 2020 y 11 de noviembre de 2021 respectivamente, lo que otorgaría a dicha actitud su connotación ilegal y dolosa, que incluso conforme lo ha informado el órgano de control mediante el oficio 196-2022-ANC-MP-ODC-MDD señala que en relación al caso 101-2020-lberia se ha instaurado proceso disciplinario, como se acredita con la resolución 07 de fecha 29 de diciembre de 2021, (293/ ss.) en el que se resuelve abrir procedimiento disciplinario en contra del abogado Orlando Navarro Fe tama, por falta muy grave, tal es así que conforme reporte detallado de plazos fiscales de fecha 11 de noviembre de 2021 que obra a folios 285 se consigna que el caso 101-2020 tiene como días transcurridos 419.
§ II. Antecedentes del proceso
∞ De los actuados que conforman el proceso, se aprecia lo siguiente:
Segundo. Acusación fiscal (folio 2). La Fiscalía Superior Mixta de Madre De Dios formuló acusación contra ORLANDO NAVARRO FATAMA como autor de la presunta comisión del delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Ministerio Público, previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal; solicitando que se le imponga ocho meses de pena privativa de la libertad, otras copenalidades y el pago de S/5000 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil a favor del Estado – Ministerio Público.
Tercero. Auto de Enjuiciamiento (folio 30). Mediante Resolución n.° 18, de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, emitida por el Juzgado Superior Especial de Investigación Preparatoria de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios; recogiendo lo requerido por el Ministerio Público, dicta auto de enjuiciamiento contra el acusado ORLANDO NAVARRO FATAMA como autor por la presunta comisión del delito de omisión de funciones en la modalidad de Rehusamiento conducta prevista en el primer párrafo del artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano – Ministerio Público; disponiendo que el procesado afronte el proceso con comparecencia simple.
Cuarto. Sentencia Condenatoria (folio 156). Por sentencia contenida en la Resolución numero diez de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios, condenó al acusado ORLANDO NAVARRO FATAMA como autor del delito cometido por Funcionario Públicos, en la modalidad de rehusamiento de actos funcionales, en agravio del Estado – Ministerio Público, imponiéndole ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año, sujeto a reglas de conducta. Además, se le fijo mil quinientos por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.
Quinto. Recurso de apelación (folio 228). Por escrito presentado por la defensa técnica del procesado ORLANDO NAVARRO FATAMA, el doce de febrero de dos mil veinticinco, interpuso recurso de apelación contra la referida resolución de primera instancia, pretendiendo que se revoque la sentencia y, reformándola, se declare su absolución, eximiéndolo del pago de la reparación civil.
∞ El recurso fue concedido por Resolución n.° 11 del tres de marzo de dos mil veinticinco (folio 235).
§ III. Del trámite del recurso de apelación
Sexto. Concedido el recurso de apelación y tras recepcionarse los autos materia de apelación, se corrió el traslado correspondiente por Resolución del treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco (folio 121 del cuaderno supremo). Posteriormente, se programó la calificación del recurso por decreto del quince de mayo de dos mil veinticinco (folio 125 del cuaderno supremo). Posteriormente, por auto de calificación del quince de julio de dos mil veinticinco (folio 127 del cuaderno supremo), esta Sala Penal Permanente, declaró bien concedido el recurso de apelación y dispuso que se notifique a las partes para que, si lo estimaban conveniente, ofrecieran medios probatorios por el término de cinco días; opción procesal que no ejercitaron las partes. Por resolución del siete de julio de dos mil veintiséis (folio 133 del cuaderno supremo), se programó la audiencia de apelación para el diecinueve de agosto del presente año. Esta vez la audiencia se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet.
Séptimo. Se verificó la audiencia en la fecha programada, con la concurrencia y en los términos que obran consignados en el acta correspondiente. Luego de la deliberación respectiva en sesión reservada, se emite la presente sentencia, cuya lectura se fijó para el día de la fecha.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
§ IV. Respecto del delito imputado: incumplimiento de deberes.
Octavo. El artículo 377 del Código Penal, se incardina entre el conjunto de los delitos especiales propios, porque no solo se encuentra dentro de los delitos contra la administración pública susceptibles de ser cometidos por personal al servicio del Estado (empleado, funcionario o servidor público) ello lo vuelve propio, puesto que al agente el reproche penal atributivo (principio de culpabilidad) exigirá en el agente el comportarse conforme al deber especial que le resulta ineludible; sin descartar que, en la teoría de la autoría y participación, pueda recibir la colaboración de persona o sujeto que no tenga esa condición, a quien —conforme al artículo 25 del Código Penal— por la metodología de la unidad del título de imputación se le podrá atribuir dicho delito sin que tenga esa condición [extraneus]. En ese mismo sentido la metodología aplicable para la acreditación del fáctico es la teoría de la infracción del deber.
∞ Este delito se perfecciona hasta por tres hipótesis o supuestos ilícitos perfectamente diferenciados. Ello tiene que ver —al decir del profesor Salinas Siccha— con los tres verbos rectores que recoge el contenido del tipo penal: omitir, rehusar y retardar[3].
Noveno. Este delito posee las siguientes características esenciales:
9.1. Naturaleza del Es —como dijimos— un delito especial propio. Especial, porque concierne a los delitos contra la administración pública, incardinado al compromiso internacional de la Convención de Mérida, como parte de la palabra que debe honrar el Estado peruano y que además es ineludible conforme al mandato imperativo prescrito en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Y propio, porque posee como sujeto agente a una persona que tiene deberes especiales de función que tiene la obligación de ejecutar, cuando no existe una justificación para comportarse de modo diferente.
9.2. Principio de culpabilidad en el delito de incumplimiento de Por ello, el tipo penal posee un modalizador de exención de la culpabilidad material: «ilegítimamente». Luego, solo son punibles las conductas que realizan cualquiera de los tres verbos rectores que carezcan de alguna razón justificante suficiente para haber actuado de esa manera, y desde luego, así se haya acreditado en el plenario. Ese no es el caso, puesto que ni se ha alegado (como hipótesis defensiva, innocentia hypothesi o contradictio hypothesi) ni mucho menos se ha actuado o acredita en el plenario, cosa alguna al respecto[4].
9.3. Teoría de la infracción del deber. Al agente de este delito: «funcionario público» le está obligado a realizar un acto funcional que debe hacer o cumplir, por estar dentro del catálogo de su estatuto funcional, luego, forma parte de una de las atribuciones del cargo, empleo u oficio que desempeña al interior de la administración pública. Por esa razón, su epistemología se disuelve, tal como lo propuso el profesor Claus Roxin, como un criterio para la determinación o delimitación de la autoría, tal como lo propuso el profesor Günther Jakobs[5]. Puesto que la acreditación de este delito parte del incumplimiento, es de entender deliberado, salvo el peculado que admite figuras culposas; del deber especial que recae en el agente especial (propio) que es susceptible de cometer este delito, por desacatar o incumplir – por acción u omisión de los deberes positivos, negativos o mixtos, como lo ha establecido el criterio jurisdiccional supremo[6]– estos deberes especiales, que pueden ser formativos o conformativos del estatuto funcional que posee y que asumió desde el momento que se incorporó al servicio activo del Estado, sea por cualquier modalidad contractual o porque – pese a su condición de privado – por mandato legal, produce actos administrativos o realiza servicio público que corresponde a las obligaciones esenciales de la Administración Pública, como por ejemplo, la supervisión de alguna obra pública o la prestación de algún servicio público.
9.4. Modalidades delictivas. El artículo 377 del Código Penal, se ha decantado por tres (i) Omitir, es dejar de hacer el acto al que está obligado por ley «estatuto funcional» el funcionario, o hacerlo dolosamente en forma no debida[7], bien sea mediando una intención subalterna de dar apariencia de cumplimiento (actio libera in causa) o para evitar el resultado esperado de un comportamiento funcional que era exigible (comisión por omisión). (ii) Retardar, se configura cuando el agente propio (funcionario público) demora, retrasa, difiere, aplaza, dilata o pospone el cumplimiento de un acto funcional que está en el deber de hacer en tiempo oportuno, mucho más cuando se trata de actos perentorios o urgentes, puesto que su cumplimiento tardío puede resultar inane, inocuo o inútil; de acuerdo con el cargo o función que desempeña al interior de la Administración Pública. El retardo del acto debido presupone que el agente pospone, aplaza o retrasa ilegalmente el cumplimiento del acto más allá de los términos legalmente fijados o no hacer el acto en la oportunidad establecida por la ley[8]. (iii) Rehusar, como en el caso que se han decantado en el presente proceso, se configura cuando el sujeto activo, siempre funcionario público, pese al requerimiento efectuado rehúye, esquiva, declina, desestima o niega el cumplimiento de un acto funcional que esta en el deber de hacer al estar dentro de sus atribuciones, de acuerdo al cargo que desempeña al interior de la administración pública. Así pues, el rehusar presupone previamente que alguien, sea otro funcionario, el superior jerárquico, el particular u autoridad competente para ello, requiera del sujeto activo, con las formalidades del caso, la realización de un acto debido y que este rechace, niegue o no acepte realizar el acto funcional[9]. Luego, si no hay requerimiento de particular o de autoridad, no se configura el delito. En los tres casos, se perfeccionan con la mera actividad, no requiere que se produzca perjuicio o resultado material. Después, es pacífico considerar que la tentativa en este delito es imposible.
9.5. Dimensiones del acto de rehusar. El acto de rehusar puede consistir en una negativa expresa (acto disfuncional directo o explícito) o en la realización de actos que signifiquen negativa, como negarse a recibir el requerimiento escrito, romper el requerimiento, mandar archivar el requerimiento, no admitir el recurso, paralizar inexplicablemente la tramitación del requerimiento, entre otros actos que impliquen negativa (acto disfuncional indirecto o implícito) [10]. El acto implícito de rehusamiento, halla resguardo en la doctrina hegeliana del movimiento corpóreo, el cual no solo se manifiesta en la realidad por el despliegue de material de la acción, para producir el movimiento con el fin que este alcance los efectos injustos Sino también materializada por la inercia intencionada, manifestada en una quietud, el silencio o la ausencia de acción, en ambos casos, se modifica la realidad que puede ser dimensionado o mensurado en la contribución que a la ejecución o producción del mismo se hubiera realizado, con el mismo fin de alcanzar los efectos injustos; como lo ha señalado la jurisprudencia suprema en otras oportunidades[11].
9.6. Bien jurídico. El normal y correcto funcionamiento de la administración pública, tanto en su aspecto de oportunidad como en el de eficacia del cumplimiento de la función pública por parte de los funcionarios que representan al Estado, constituye el bien jurídico protegido en el delito de incumplimiento de deberes.
9.7. Prescripción del delito. Los delitos de omisión, como el delito de incumplimiento de deberes, sea como omisión, rehusamiento o retardo es un delito de ejecución permanente, que solo cesa cuando se ejecuta el deber incumplido o cuando se extingue la acción penal por fallecimiento del agente imputado o bien cuando el cumplimiento se hubiera resultado imposible para el agente público imputado. Por lo tanto, la prescripción ordinaria o extraordinaria del delito tipificado en el artículo 377 del Código Penal, conforme al mandato expreso y contundente de lo prescrito en el 82, numeral 4 del Código Penal, el dies a quo, o inicio o comienzo del cómputo del plazo de prescripción, es a partir del día en que cesa la permanencia, es decir, cuando el acto omitido, retardado o rehusado hubiese sido cumplido por parte del agente obligado de cumplir el deber.
§ V. Alcances del recurso de apelación
Décimo. El artículo 409.1 del CPP establece que “la impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”. Asimismo, el artículo 419.1 del CPP, modificado por Ley n.° 31592, prescribe que “el examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria, fallo que podrá ser revisado en apelación por la Sala Penal de la Corte Suprema”.
∞ En ese sentido, las normas procesales citadas delimitan el ámbito de pronunciamiento del recurso de apelación, que, de manera concreta en el presente caso, asigna al órgano jurisdiccional revisor la posibilidad de confirmar, revocar o anular la resolución judicial sometida a su conocimiento. Así pues, la recurrida es una sentencia que confirma la condena; por lo tanto, el recurso escrito interpuesto es la base de la sustentación oral en la audiencia respectiva. Cabe precisar que no es posible adicionar nuevos agravios que no fueron planteados inicialmente dentro del plazo legal y antes de su concesión[12], tanto más si no se han ofrecido válidamente nuevos medios probatorios.
Undécimo. La debida motivación de las resoluciones judiciales es la garantía que tiene el justiciable frente a la posible arbitrariedad judicial. El debido proceso implica que las decisiones judiciales estén justificadas externa e internamente, es decir, que lo que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política, según el cual es principio de la función jurisdiccional “la motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. Queda claro que la motivación de las resoluciones judiciales (a) se aplica a todos los casos en que se deciden cuestiones de fondo, (b) es un mandato dirigido a todos los jueces de las diversas instancias, (c) implica la obligatoriedad de fundamentar jurídica —fundamentos de derecho— y fácticamente —fundamentos de hecho— la decisión, y (d) la motivación de las decisiones judiciales de fondo debe hacerse por escrito[13].
Duodécimo. La motivación de la sentencia se genera y se erige a partir de la valoración de la prueba, sea directa o indiciaria; en ese sentido, el juez es soberano en la apreciación de la prueba; esta no puede llevarse a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria concreta —nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo— y jurídicamente correcta —las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles—, se ha de realizar con arreglo a las normas de la lógica, las máximas de la experiencia —determinadas desde parámetros objetivos— y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, razonándola debidamente —principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía genérica de presunción de inocencia, artículo VIII del Título Preliminar y artículos 158, numeral 1, y 393, numeral 2, del Código Procesal Penal – en adelante CPP)[14].
∞ Conviene precisar, sobre todo en situaciones como las del presente proceso, que el órgano judicial tiene como presupuesto, para construir una resolución judicial, la prueba acopiada en el proceso, la que no está limitada a la prueba directa, sino también a la prueba indiciaria, la cual (conforme al numeral 3 del artículo 158 del CPP), requiere que (a) el indicio esté probado; (b) la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, y (c) se trate de indicios contingentes, plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. En ese sentido, para arribar a la certeza judicial sobre la responsabilidad penal se debe contar con prueba directa o, en su defecto, con la indiciaria.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Decimotercero. El argumento impugnatorio del recurrente contra la sentencia que le impone condena, reposa en tres rubros: i) la sentencia condenatoria impugnada padece de errores de hecho y derecho, ii) trasgrede el artículo 393, numeral 2 del CPP, toda vez que se ha aplicado indebidamente dicho precepto procesal al darle un valor inadecuado individual y conjunto a los medios de prueba y iii) incurre en mala interpretación del artículo 377 del Código Penal, los cuales serán analizados a continuación:
13.1. Respecto al agravio basado en que la sentencia incurre en errores in iudicando —en clave de “agravios en la valoración de las pruebas”—, sostiene que los jueces de juicio de manera errada determinaron que el procesado no procedió a realizar la entrevista única en cámara Gesell —solicitada por la defensa técnica de la agraviada en el caso materia sub litis— y no cumplió con los requerimientos de la autoridad administrativa de control — órgano de control interno del Ministerio Público— en hasta dos visitas ordinarias; así como tampoco, a los requerimientos realizados por el abogado del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Respecto al agravio, se aprecia que el sentenciado, asistido de su abogado defensor, interpuso recurso de apelación por escrito. Es decir, ejerció actos de defensa contra la sentencia condenatoria y dentro de ella, tuvo la oportunidad de ofrecer medios probatorios, que en este caso no se ofreció prueba alguna;
13.2. Respecto al agravio de trasgresión el artículo 393, numeral 2 del CPP, debe desestimarse por su falta de asidero, conforme es de verse a partir del numeral 2 de la recurrida, el Colegiado sentenciador empieza a otorgar valor probatorio individualizando a cada uno los órganos de prueba actuados, así como a las documentales actuadas para luego a partir del numeral 3 realizar la correspondiente valoración conjunta de aquellas pruebas y así llegar a la decisión judicial condenatoria, en donde emite un pronunciamiento suficientemente razonado sobre la prueba actuada y extrayendo conclusiones pertinentes a la controversia del proceso; dilucidado ello, pasa a pronunciarse sobre la materialidad y la responsabilidad del procesado respecto del delito de rehusamiento de actos funcionales que se le imputa, sobre la base de la prueba actuada; arribando a conclusiones sustentadas en los hechos y en el derecho que determinan la culpabilidad del procesado.
13.3. Respecto a la mala interpretación del artículo 377 del Código Penal, señaló que era necesario que la Sala indique si el delito de rehusamiento es un delito doloso o de omisión (sic). Esta alegación también resulta infundada, toda vez que existe error en su planteamiento, pues, el recurso yerra al distinguir las categorías jurídicas de “delito doloso” versus “delito de omisión”. Cabe recordar que, dentro de la teoría del delito los delitos dolosos pueden configurarse por acción u omisión. En buena cuenta, puede existir algún supuesto de hecho que contemple un “delito doloso de omisión”. Y como se dijo ut supra, en el fundamento noveno (apartado 9.5) también es dimensión del rehusamiento, el dejar de actuar en cumplimiento de las obligaciones debidas, como se ha acreditado en este caso. Finalmente, el análisis respecto a si nos encontramos ante la acción —conducta comisiva— o ante una omisión —conduta omisiva— se centra a la forma de perpetración del delito y no así, si fue a título culposo o doloso, dónde si cabría alguna distinción.
13.4. En esa misma línea, el rehusamiento implícito, no se acredita mediante actos expresos de negativa como exige el recurrente, sino que es posible acreditarlos mediante actos de quietud, silencio, falta de actos de provisión del requerimiento, dilación ilegítima que aparece en el caso, por cuanto, se ha acreditado demora o inacción en la Carpeta fiscal 101 – 2020, en particular de la falta de realización de la declaración de la víctima en la Cámara Gesell, como lo requirió varias veces el abogado del centro tutelar de las víctimas de violación (CEM de Iberia).
13.5. Por último, en cuanto al pedido oralizado en la audiencia de segunda instancia, por lo que el abogado solicita que —de oficio— esta Sala Suprema declare la prescripción de la acción penal. Sin embargo, este pedido no puede ser auditado por este Alto Tribunal de justicia de la República, en razón que, nos encontramos ante un delito permanente y en el expediente judicial no obra prueba alguna que acredite que el deber funcional hubiera sido cumplido en la forma que corresponde a su estatuto funcional. Así como tampoco se ha expresado la fecha en que el recurrente hubiera perdido la capacidad de cumplir el acto que le resultaba obligatorio. Por lo que, frente a la imposibilidad jurídica de comenzar el cómputo de la prescripción, resulta imposible emitir cualquier pronunciamiento de oficio, al respecto. El pedido resulta patentemente inadmisible, tanto más, si con el plazo suficiente pudo requerir —previamente— por escrito ante el órgano jurisdiccional competente, con el fin de que —en cumplimiento del debido proceso legal— eventualmente se corriera traslado a los demás sujetos procesales, así como se permitiera resguardar con igualdad procesal, los derechos fundamentales y garantías procesales de todas las partes procesales.
13.6. Asimismo, incluso considerando lo público y notorio, el único dato relevante, con relación al pedido, que es que mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 2546- 2022-MP-FN publicada el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, se da por concluido el nombramiento del abogado Orlando Navarro Fatama como Fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Por lo que considerando lo prescrito taxativamente en el artículo 41 de la Constitución Política del Perú que «el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en el caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública»; mandato de imperio público vigente desde la promulgación de la Ley Constitucional 30650 vigente desde el veinte de agosto de dos mil diecisiete y por lo tanto plenamente vigente al tiempo de ocurridos los hechos. En consecuencia, el tipo penal de incumplimiento de deberes, en principio pertenece a los ilícitos de los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos, además el rango punitivo sería no mayor de dos años, pero además cuenta con otras copenalidades de inhabilitación y días multa; por lo que la prescripción extraordinaria sería de seis años, por lo que incluso tomando como fecha de comienzo de cómputo del plazo de prescripción el veintisiete de noviembre de dos mil veintidós (día siguiente al de su publicación conforme a lo prescrito en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú) a la presente fecha, el proceso aún se encuentra vigente. El pedido de prescripción de oficio es plenamente infundado.
Decimocuarto. Desde esa perspectiva, el recurso de apelación interpuesto por el procesado, en los términos de su planteamiento, no denota que la sentencia condenatoria contenga errores in procedendo o in iudicando que conlleve irremediable nulidad. Se aprecia que se ha respetado las formalidades de ley en los actos procesales verificados en autos y se ha respetado el derecho de defensa del recurrente, evidenciándose observancia de las garantías procesales inherentes a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Por otro lado, se aprecia que la eficacia probatoria de los elementos de prueba actuados en el proceso y la inferencia que se extrae de su análisis individual y en conjunto, fundamenta idóneamente el pronunciamiento condenatorio de la Sala Penal de Apelaciones, frente a lo cual los agravios del recurso no lo desvirtúan en forma alguna. Esta contiene la motivación suficiente, no es patentemente irrazonable, y conlleva inexorablemente a la condena del recurrente.
Decimoquinto. En cuanto a la referencia que realiza el recurrente respecto a la reparación civil, cuando señala que pretende la absolución del procesado “sin el pago de la reparación civil”, esta viene ausente de causa petendi y por ello no existe pedido en concreto qué resolver. No existe posibilidad que alguna pretensión (petitum) pueda subsistir si no se encuentra escoltada por la correspondiente causa de pedir (causa petendi). Puesto que solo el enlace lógico de ambas, permiten vislumbrar el principio de congruencia recursal, dado que todo medio impugnatorio se compone de la causa de pedir y el pedido. En consecuencia, en el extremo civil el recurso debió ser rechazado en el control formal por la sala superior, por incumplir con el artículo 405 del CPP, y ser denegado liminarmente. Ello a razón de que parte del análisis que realiza el juez o tribunal frente a una pretensión, solicitud específica, incidental o de mérito, el juez está obligado a efectuar tres juicios: admisibilidad, procedencia y fundabilidad. Así pues, al carecer de causa petendi, la pretensión civil, no posee la potencia para generar una decisión revocatoria o siquiera anulatoria. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso incoado y confirmar la decisión de condena y el extremo civil, de forma integral.
§ VI. Costas del recurso
Decimosexto. El artículo 504.2 del CPP establece que las costas del recurso serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, sea por la infundabilidad o la inadmisibilidad de su recurso. Estas se imponen de oficio, conforme al artículo 497.2 del CPP. En ese sentido, le corresponde al recurrente ORLANDO NAVARRO FATAMA asumir tal obligación procesal, que será liquidada y exigida por el juez de investigación preparatoria correspondiente.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:
I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el procesado ORLANDO NAVARRO FATAMA, así como el pedido oral de la declaración de oficio de la prescripción de la acción penal.
II. CONFIRMARON INTEGRALMENTE la sentencia contenida en la Resolución ° 10 del veintiocho de enero de dos mil veinticinco (folio 156), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre De Dios, que lo condenó como autor del delito cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de rehusamiento de actos funcionales, en agravio del Estado peruano – Ministerio Público representado por su Procuraduría Pública, imponiéndole ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año, inhabilitación en el cargo que cumplía el condenado por el periodo de ocho meses conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal; al igual que, se le impuso treinta días multa; así como se fijó S/ 1500 (mil quinientos soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.
III. IMPUSIERON al recurrente ORLANDO NAVARRO FATAMA el pago de las costas del recurso, que será liquidado y exigido por el juez supremo de investigación preparatoria.
IV. DISPUSIERON que se lea la sentencia en audiencia pública y después se publique en la página web del Poder Judicial; asimismo, se devuelva el expediente a la Sala Penal de origen para la debida ejecución de la presente decisión Hágase saber.
Intervino el señor juez supremo Contreras Cuzcano por vacaciones del señor juez supremo Peña Farfán.
SS.
PRADO SALDARRIAGA
LUJÁN TÚPEZ
ALTABÁS KAJATT
MAITA DORREGARAY
CONTRERAS CUZCANO
MELT/hagreda
[1] De conformidad con la información del SIJ Supremo, al mismo sentenciado ORLANDO NAVARRO FATAMA, posee una sentencia firme en el expediente de Apelación 0 una sentencia firme Apelación 00027 Apelación 00027-2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios, el veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, puesto que se declaró Infundada la apelación y se confirmó la condena por el delito de rehusamiento de actos funcionales de ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación de un año y treinta días multa; así como una reparación civil de S/ 1500 soles. También aparece en trámite el expediente Apelación 00092 Apelación 00092 Apelación 00092-2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios, en el cual se ha declarado bien concedida la apelación de la Sentencia de condena por el delito de rehusamiento de actos funcionales a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación de un año y treinta días multa, con fecha quince de julio de dos mil veinticinco y se ha fijado fecha para la audiencia el dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis; el expediente Apelación 00137- Apelación 00137-2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios, en el cual se ha declarado bien concedida la apelación de la Sentencia de condena por el delito de rehusamiento de actos funcionales a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación de ocho meses y treinta días multa, con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticinco y se ha fijado fecha para la audiencia el dos de septiembre de dos mil veintiséis; el expediente Apelación Apelación 00139-2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios, en el cual se ha declarado bien concedida la apelación de la Sentencia de condena por el delito de rehusamiento de actos funcionales a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación de ocho meses y treinta días multa, con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinticinco y se ha fijado fecha para la audiencia el dos de septiembre de dos mil veintiséis; el expediente Apelaci Apelación 00190 Apelación 00190- ón 00190- 2025/Madre de Dios, en el cual se ha declarado bien 2025/Madre de Dios concedida la apelación de la Sentencia de condena por el delito de rehusamiento de actos funcionales a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación de ocho meses y treinta días multa, con fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco; así como el expediente Apelación 00445 Apelación 00445 Apelación 00445-2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios 2025/Madre de Dios, en el cual se ha declarado bien concedida la apelación de la Sentencia de condena por el delito de omisión de actos funcionales a ocho meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un año, inhabilitación por el mismo tiempo de condena y cuarenta días multa, con fecha uno de julio de dos mil veintiséis.
[2] Se reserva la identificación de la agraviada mayor de edad, en aplicación de los artículos 95 (numeral 1, literal c) y 248 (numeral 2, literal d) del CPP, así como del artículo 9 del Decreto Supremo n.° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley n.° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo n.° 009-2023-MIMP.
[3] SALINAS SICCHA, Ramiro (2011) Delitos contra la administración pública, 2da. Edición, Lima: Editorial Iustitia SAC, pp. 179 a 186.
[4] UBERTIS, Giulio (2017) Elementos de epistemología del proceso judicial, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Bologna: Segretariato Europeo per le Publicazioni Scientifiche/Madrid: Trotta, p. 30.
[5] SALINAS, 2011, Opus citatus, pp. 13 a 18; ROXIN, Claus (1997) Derecho penal, parte general, Tomo I, Madrid: Editorial Civitas, p.388; JAKOBS, Günther (2000) Bases para una teoría funcional del Derecho penal, Lima: Palestra editores, pp. 69 y 152.
[6] SALA PENAL PERMANENTE, Corte Suprema de justicia de la República del Perú, Casación 2981-2021/Cajamarca, del tres de febrero de dos mil veintitrés, fundamento undécimo.
[7] ROJAS VARGAS, Fidel (2002) Delitos contra la administración pública, Lima: Grijley, p. 76. SALINAS, 2011, Opus citatus, pp. 182 a 183. ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (2001) Los delitos contra la administración pública en el Código Penal Peruano, Lima: Palestra editores, p. 195.
[8] ABANTO, 2001, Opus citatus, p. 195.
[9] ROJAS, 2002, Opus citatus, pp. 275 a 277. SALINAS, 2011, Opus citatus, pp. 181 a 182. ABANTO, 2001, Opus citatus, p. 195.
[10] ABANTO, 2001, Opus citatus, p. 195. ROJAS, 2002, Opus citatus, p. 277. SALINAS, 2011, Opus citatus, p. 181.
[11] SALA PENAL PERMANENTE, Corte Suprema de justicia de la República del Perú, Casación 2210-2022/Lambayeque, del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, fundamentos: décimo a vigesimoprimero.
[12] SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Sentencia del once de diciembre de dos mil veinte, Casación n.o 1658-2017/Huaura, fundamentos jurídicos 10 a 15. Principio tantum apellatum quantum devolutum. “La apelación concedida genera el marco de decisión de esta Sala y solo sobre ella nos pronunciamos; por lo tanto, los pedidos nuevos expresados en la audiencia de apelación que no guarden relación con lo impugnado no serán tomados en cuenta. Prohibición de la mutatio libelli” (SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Casación n.o 864-2017/Nacional, del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, fundamento jurídico duodécimo, y Casación n.o 1967-2019/Apurímac, del trece de abril del dos mil veintiuno, fundamento décimo).
[13] SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Casación n.° 1382-2017/Tumbes, del diez de abril de dos mil diecinueve, fundamento jurídico octavo.
[14] SALAS PENALES, Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario n.° 1-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once, fundamento jurídico 28.